Sin tregua en Castillo, la Fiscalía abre una nueva investigación al presidente

castillo Palacio de Gobierno Perú Pedro Castillo, El Nacional
Foto: EFE

El laberinto judicial en el que se encuentra el presidente peruano, Pedro Castillo, se intensificó este jueves con la apertura de una sexta investigación en su contra por parte de la Fiscalía de la Presidencia, que alega una operación golpista premeditada en su defensa.

La decisión de la Fiscal General Patricia Benavides de abrir una nueva investigación a Castillo por supuestas irregularidades en la licitación de obra en su región natal de Cajamarca, se dio un día después de que su cuñada Yenifer Paredes, hermana menor de la primera dama a la que él criada como una hija, acudió a los tribunales después de que se emitiera una orden de arresto preliminar en su contra.

La joven, a quien Castillo describe como una niña, pasó hoy su primera noche detenida y seguirá detenida al menos otros nueve días, luego de que un juez negara el pedido de su defensa de enmendar su situación tras dar positivo por covid-19.

sexta encuesta

Con la apertura de esta nueva investigación fiscal, que también incluye al exministro de Vivienda y actual ministro de Transportes, Genier Alvarado, la Fiscalía ya suma seis investigaciones contra Castillo, pese a que la Constitución peruana no permite acusar al actuante. presidente por traición a la patria y por haber impedido las elecciones.

Es el quinto relacionado con su gestión y el tercero basado en la presunción de que está al frente de una organización corrupta que actuaría dentro del poder ejecutivo.

El Jefe de Estado, atrincherado en Palacio de Gobierno, se limitó hoy a recordar en redes sociales que lo ocurrido en esta convulsa semana responde a un «show mediático» basado «solo en suposiciones».

Para el presidente, todo es parte de una operación golpista, presuntamente orquestada por quienes ya intentaron quitarle el poder cuando ganó las urnas en junio del año pasado por cargos de fraude electoral inexistente.

Tras la frustrada intervención del fiscal para arrestar a Paredes en la residencia presidencial el martes, Castillo aseguró ser víctima de una «conspiración entre el Congreso, la Fiscalía General y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático» y «tomar el poder de manera ilegal».

La misma insinuación hizo ayer, luego de que su cuñada fuera a juicio, hecho que calificó como «parte de la lucha» y «de la vida política en el Perú».

Incidente en el Congreso

Del otro lado del cabildo, la nueva presidenta del Congreso, Lady Camones, exigió hoy al gobierno respeto a la fiscalía y rechazó declaraciones de Castillo y su primer ministro, Aníbal Torres, que dijo incitaban «a la violencia». «.

Ayer, el jefe de gabinete ministerial declaró durante un acto con líderes sociales que si cada uno de ellos llevara a cincuenta personas a la capital «los golpistas se pondrían de rodillas».

Torres también acusó el miércoles a la Fiscalía de «ejecutar operativos todo el tiempo» y al Congreso de «desestabilizar» al Poder Ejecutivo a través de demandas de juicio político presidencial por supuesta incapacidad moral, inhabilitación y cargos constitucionales.

A raíz de estas declaraciones, el partido derechista Avanza País presentó hoy una moción para convocar al Presidente del Gobierno al Pleno.

Pero, por ahora, son pocas las voces parlamentarias que apuntan a un tercer intento de juicio político presidencial en poco más de un año, ya que, al menos hoy, se han centrado en dar su opinión sobre un incidente que protagonizó el exjefe de este Estado. poder, María de Carmen Álva.

Durante un receso de la sesión plenaria y en medio de discusiones entre grupos de oposición y otros vinculados al gobierno, Alva increpó a la congresista Isabel Cortez y la jaló del brazo.

Cortez decidió denunciar a Alva ante el Comité de Ética de la Cámara.

Más allá del enfrentamiento entre los poderes del Estado, su progresivo desprestigio pretende ser una de las raras certezas que se vislumbran a corto plazo, con una opinión pública que, según las últimas encuestas, desaprueba en un 76% y un 83% de los actuales administraciones ejecutiva y legislativa, respectivamente.

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