(CNN Español) — La detención del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, bajo arresto domiciliario por 41 días, así como la de otros sacerdotes, seminaristas y un laico investigados, sin cargos formales, fue destacada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) en una actualización sobre la situación del país presentada este martes durante una sesión interactiva ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“El 19 de agosto, luego de estar dos semanas bajo vigilancia policial, el obispo de Matagalpa y ocho personas fueron detenidas durante un allanamiento policial y trasladadas a Managua”. El informe también destaca que “la policía informó que estaba siendo investigada penalmente por incitar al odio y la violencia con el objetivo de desestabilizar el Estado”. El organismo añade que “un juez ha prorrogado la detención del obispo y de siete de estas personas por 90 días”.
Tras la sesión, representantes de 45 países emitieron un comunicado conjunto sobre lo que consideran una grave situación de derechos humanos en Nicaragua y pidieron la liberación de los opositores detenidos.
El documento indica que ese mismo mes, la policía intentó incautar el equipo de transmisión de la emisora católica de radio que transmitía desde una parroquia de Sébaco, Matagalpa. «Decenas de policías, incluidos antidisturbios, irrumpieron violentamente en la parroquia, causaron daños y mantuvieron cautivos al clérigo y a seis laicos durante tres días sin electricidad ni alimentos».
La Policía no aportó una versión oficial de estos operativos realizados en Sébaco el pasado mes de agosto. Tampoco respondió a la solicitud de comentarios de CNN.
El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, el regulador público de telecomunicaciones, canceló el 1 de agosto al menos siete estaciones de radio de la Iglesia Católica en los departamentos de Matagalpa y Estelí, argumentando que no tenían licencia para transmitir. El obispo de Matagalpa dijo el 2 de agosto que habían enviado toda la documentación necesaria, pero no habían recibido respuesta de Telcor.
El informe presentado por Christian Salazar Volkmann, director de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, también destaca que las restricciones a la libertad de expresión se han recrudecido con el cierre de al menos 20 estaciones de radio y televisión en 2022, la mayoría religiosas.
“Los abusos a la libertad de prensa han obligado al personal del principal periódico del país a exiliarse, sumándose a los 120 periodistas que lo han hecho desde 2018, según datos de la sociedad civil”, señala el informe.
La ONU también apunta a lo que considera un «aumento exponencial» de los ataques a la libertad de asociación. “Se ha cancelado la personalidad jurídica de 1.512 organizaciones de derechos humanos, organizaciones de ayuda al desarrollo, colegios profesionales, incluidos colegios médicos, entidades asociadas a la Iglesia católica y otras, totalizando al menos 1.578 en los últimos cuatro años”, agrega la ACNUDH. .
La Oficina expresó especial preocupación por “la continua detención arbitraria de al menos 195 personas en relación con la crisis sociopolítica. Cincuenta de estas personas fueron encarceladas en el contexto de las elecciones de 2021 y sentenciadas este año, en algunos casos hasta 13 años de prisión. – Sin el debido proceso. Al menos 29 de estas personas continúan privadas de su libertad en un centro policial, en condiciones presuntamente infrahumanas.
El gobierno de Nicaragua no ha respondido oficialmente al último informe de la OACNUDH sobre Nicaragua. CNN está tratando de obtener una reacción a través de los canales oficiales.
El gobierno del presidente Daniel Ortega ha desestimado informes anteriores con el argumento de que se basan en información sesgada de organizaciones que participaron en las protestas de 2018, vistas por el oficialismo como un intento de golpe de Estado.
La justicia nicaragüense presentó este mes a decenas de opositores detenidos entre mayo y noviembre de 2021 en lo que llamó “audiencias informativas”, la mayoría acusados de traición a la patria o lavado de dinero. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos consideró que estas audiencias no tenían fundamento legal porque se realizaron sin el conocimiento de los abogados defensores.
ACNUDH también expresó su preocupación por las elecciones municipales convocadas por las autoridades para noviembre próximo. “Existen serias preocupaciones sobre estas elecciones, debido a la ausencia de reformas electorales y judiciales significativas, como las recomendadas por la Oficina y otros mecanismos, para que los estándares y prácticas vigentes en las próximas elecciones sean consistentes con los estándares internacionales de derechos humanos. .