¿Qué está pasando entre el gobierno de Ortega y la Iglesia de Nicaragua?

(CNN Español) — Monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa y uno de los religiosos más críticos con el gobierno del presidente Daniel Ortega, cumple este viernes nueve días bajo el cerco de la policía nacional en la curia diocesana de la ciudad de Matagalpa, 135 kilómetros al norte. de Managua. Lo acompañan cinco sacerdotes, tres seminaristas y dos laicos.

Tras varios días de silencio y especulaciones sobre su posible expulsión del país, Álvarez, de 55 años, reapareció este jueves para celebrar una eucaristía retransmitida por las redes sociales de su diócesis.

Durante su homilía, Álvarez dijo: “Nuestras 11 vidas están en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. Solo queremos hacer su voluntad y queremos darle gloria”.

El religioso, quien también es administrador apostólico de la diócesis de Estelí, dijo que fueron «retenidos» en la capilla de Las Mercedes y expresó: «Gracias a Dios (estamos) bien de salud, viviendo en comunidad, en familia, orando, celebrando la Eucaristía, compartiendo entre nosotros, dialogando, conversando, con fuerza interior, con paz y serenidad en el corazón».

La Policía Nacional de Nicaragua informó el 5 de agosto que Álvarez intentaría «organizar grupos violentos, incitándolos a cometer actos de odio contra la población, provocando un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y armonía de la comunidad, con el propósito de desestabilizar el Estado de Nicaragua y atacando a las autoridades constitucionales». En su declaración, la policía dijo que Álvarez y otras personas bajo investigación “se quedarán en casa”.

Monseñor Rolando Álvarez Lagos, Obispo de Matagalpa. Fuente: Diócesis de Matagalpa

Un día después, Álvarez dijo que no sabía por qué lo investigaban: “Como todos ustedes saben, ayer salió este comunicado policial, en el que leímos básicamente dos cosas. no sé qué, bueno, ellos harán sus propias conjeturas Y segundo, bueno, que han dicho formalmente que tenemos una casa como prisión Estamos aquí reunidos y detenidos y siempre estamos con la fuerza interior y la paz, y la alegría del corazón que nos da el Resucitado, la alegría de aquel que nos dice: Ánimo, soy yo, no tengáis miedo».

Álvarez había denunciado el 4 de agosto que la policía no le había permitido salir de su oficina para celebrar una misa en la catedral. Ese día hubo momentos de tensión cuando salió a la calle con la figura del Santísimo Sacramento en las manos y lo recibió la policía. En la transmisión de medios digitales de la diócesis, se apreció que varios agentes permanecieron fuera del palacio episcopal.

En un comunicado difundido el jueves En sus redes sociales, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció las medidas policiales que consideró “represoras” contra el obispo y quienes lo acompañaban: “Rechazaron el ingreso de alimentos, impidieron el ingreso del responsable de la cocina, sembraron el terror espiando a la curia con drones, bloqueando la circulación de peatones en el barrio, militarizando la ciudad».

CNN ha pedido la respuesta de la Policía Nacional a estas denuncias y está a la espera de una respuesta.

Monseñor Álvarez denunció el 20 de mayo que patrullas policiales lo escoltaron durante sus pasos y que incluso ingresaron a la residencia de su familia en Managua. Dijo que durante varios días estuvo refugiado en la parroquia Santo Cristo de las Colinas en Managua, un día de ayuno y oración hasta que regresó a su diócesis.

Este último mantenimiento estuvo precedido por el cierre de siete radios religiosas y dos televisiones locales, gestionadas por la Iglesia en el norte del país. La cancelación fue ordenada por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) por no contar con un permiso de transmisión. La Unión Europea y el Departamento de Estado de Estados Unidos condenaron la medida y la consideraron una violación de las libertades de expresión y religión.

El obispo de Matagalpa, quien coordinó los medios de su diócesis, dijo que en 2016 se reunió con el exdirector de Telcor Orlando Castillo y le presentó toda la documentación legal para actualizar la situación de los medios de acuerdo a la normativa vigente, pero nunca recibió una respuesta.

Telcor ordenó en mayo a las empresas de televisión por suscripción cancelar la transmisión del Canal Católico de Nicaragua, que es propiedad de la Conferencia Episcopal. La institución no argumentó las causas de la medida.

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La Conferencia Episcopal Mexicana expresó en un comunicado el 8 de agosto que: “La Iglesia de México, a través de sus pastores, [manifiesta su] solidaridad con la Conferencia Episcopal de Nicaragua por los lamentables hechos vividos y que han causado sufrimiento e indignación en todo el mundo por la suspensión de las garantías individuales, especialmente en sus derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad religiosa”.

Por su parte, la Conferencia Episcopal de Paraguay condenó «todo tipo de violencia, ataques, censura contra la Iglesia», que considera «como actos que violan los principios fundamentales del Estado de derecho».

Los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica expresaron “su más sincera solidaridad y cercanía con la Diócesis de Matagalpa, Nicaragua, en particular con su párroco, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos. Asimismo, con los sacerdotes, consagrados y laicos ante la difícil situación que están viviendo y que cada día se agrava”.

La Conferencia Episcopal de Honduras y el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) también expresaron su solidaridad con el pueblo de Nicaragua en los últimos hechos de esta semana.

Contexto del conflicto

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En abril de 2019, una de las voces más críticas hacia el gobierno, el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, partió por primera vez del país rumbo a Roma a pedido del papa Francisco, invitación que dijo aceptar con “dolor y obediencia”. «. Báez dijo que, según información de la Embajada de Estados Unidos en Managua, había supuestos planes para asesinarlo, y que estaba «conmocionado» por la situación de violencia y violaciones a los derechos humanos del hombre en el país.

El 31 de julio del mismo año, un incendio en una capilla dañó gravemente la imagen de la Sangre de Cristo, el crucifijo más venerado del país, que tiene más de 380 años. La Policía Nacional dijo que el hecho fue accidental, pero el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, lo consideró un acto planeado y el Papa Francisco lo consideró un atentado.

Ya este año, el 12 de marzo, la Santa Sede informó en un comunicado que el gobierno de Nicaragua había retirado su aprobación al Nuncio Apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag, y lo instó a abandonar el país de inmediato. En el comunicado no explicaron las causas, pero agradecieron al sacerdote sus aportes en la búsqueda de soluciones a los conflictos del país y su mediación en el segundo intento de diálogo nacional.

En julio, 18 Hermanas de la Caridad fueron expulsadas del país a Costa Rica, informó el obispo Manuel Eugenio Salazar Mora, obispo de Tilarán, Guanacaste. La Dirección de Migración y Extranjería de Nicaragua no informó las causas o circunstancias de la salida de las monjas y no respondió a las consultas de los medios independientes.

Además, el Ministerio del Interior y la Asamblea Nacional de Nicaragua cancelaron la personería jurídica de la Asociación de Misioneras de la Caridad, que funcionaba como hogar de ancianos, guardería y hogar de niñas maltratadas. El argumento oficial fue que no tenían licencia para prestar estos servicios y no habían seguido las normas. A su llegada a Costa Rica, las monjas no respondieron a estas acusaciones, pero expresaron su dolor por no cuidar las áreas que atienden.

La arquidiócesis dijo en un comunicado este viernes que la policía no había autorizado -por razones de seguridad- la procesión de la Virgen de Fátima prevista para este sábado, con la que concluyó el Congreso Nacional Mariano.

El presidente Ortega ha llamado “terroristas” a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, a quienes señala como partidarios de las protestas antigubernamentales de 2018, que el gobierno calificó de “intento de golpe de Estado”. Según la CIDH, las protestas han dejado 355 muertos y cientos de detenidos, aunque el gobierno solo reconoce 200 muertos, incluidos policías.

Los obispos actuaron como mediadores durante el primer intento de diálogo nacional en mayo de 2018, con quienes buscaron encontrar una salida a la crisis sociopolítica del país.

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