El mayor y más profundo daño que se ha infligido a la experiencia de la democracia en Occidente ha sido la judicialización política.
Las sanciones personales e internacionales aplicadas en nombre del derecho interno o internacional, alegando sus violaciones, han desplegado sus efectos de manera perversa según los casos. Algunos forjan víctimas de violaciones de derechos humanos en nombre de la ley, otros purifican comportamientos delictivos incitándolos a actuar por el bien común y democrático.
Dos referencias vienen a la mente sin agotar este fenómeno que deconstruye los fundamentos éticos de nuestras sociedades, para agregar a estas identidades que los propios gobiernos promueven al detalle para favorecer clientelas políticas y negocios turbios, o para vaciar el contenido nacional de sus estados.
Durante 30 años, tal fenómeno que sufre Occidente -que no distingue entre el bien y el mal absolutos, cuyos límites son flexibles según los estados de ánimo numéricos o la amargura e intereses de las élites políticas o de los medios cómplices y circunstanciales- fue bien codificado por Rusia y China en los acuerdos recién firmados, en vísperas de la guerra.
Los temas de la democracia y los derechos humanos, que les son propios en las leyes que los garantizan, serán en lo sucesivo cuestiones morales y de jurisdicción interna de cada nación, según sus dictadores posdemocráticos y la nueva ceca, dicen los dictados de Beijing. .
Sergio García Ramírez, ilustre jurista mexicano, dijo que «las tiranías clásicas que han avasallado a muchos países de nuestro hemisferio, gracias a sus excesos, invocaron razones de seguridad nacional, soberanía, paz pública… Otras formas del autoritarismo más reciente invocan la seguridad, la lucha contra el crimen, imponer restricciones a los derechos y justificar el ataque a la libertad. Con un discurso sesgado, atribuyen la inseguridad a las garantías constitucionales y, en definitiva, al propio Estado de derecho, a la democracia y la libertad”, añade.
El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador es el paradigma. Después de haber desmantelado y moldeado a su antojo la Magistratura y los Tribunales Superiores, encarcela cada día a miles de «delincuentes» a los que considera como tales. Miles, ni uno, ni diez, ni cien. Son miles los seres humanos que, aún después de haber cometido un delito, deberían gozar del debido proceso y de la tutela judicial efectiva de un juez imparcial e inquebrantable.
En Venezuela en 1999, jueces supremos y otros miembros del poder judicial fueron destituidos sin fórmula de juicio. Se nombraron otros, seguidores de la naciente realidad política socialista y revolucionaria. Desde entonces, el régimen persigue a sus opositores que la denuncian como una sociedad criminal.
Piero Calamandrei, reconocido jurista italiano, habiendo sufrido los rigores del fascismo, calificaría lo anterior como el régimen de la mentira, La dieta menzogna: Bajo tal sistema, «ocurre» algo más profundo y complicado que una siniestra ilegalidad. Es “la simulación de la legalidad, es el fraude de la ilegalidad legalmente organizado… las palabras de la ley ya no tienen el significado inscrito en el vocabulario jurídico, sino otro significado. Hay un sistema oficial que se expresa en las leyes, y otro informal que se concreta en la práctica política sistemáticamente contraria a las leyes… La mentira política, en fin, como la corrupción o su degeneración, en este caso… se asume como el instrumento de la función normal y fisiológica del gobierno”, concluye.
La pregunta, cabe recordar, encuentra su origen actual en enseñanzas en curso desde hace treinta años, que han vaciado en una piel nueva las viejas prácticas de las viudas del marxismo soviético en América Latina, a partir de 1989. El procónsul cubano para las Américas, Fidel Castro, mantuvo vínculos con el narcotráfico transnacional. Desde el Foro de Sao Paulo en recuperación, él y su socio, Lula Da Silva, argumentan que sus enemigos perseguirían y acusarían a sus activistas de narcotraficantes, pero por razones políticas.
Luego de tres décadas, el grupo de Puebla, su sucesor en el título, desconociendo lo anterior, renueva la fórmula. Él lo llama guerra híbrida o ley. Afirma que es obra de la derecha imperial. ¡Y es que de repente acusa el escándalo planetario de Odebrecht, que lleva tras las rejas a varios exgobernadores y uno se suicida en Perú! Pero uno de los padres de la criatura diabólica o leviatán que se valía de la ley para corromper o ajustar cuentas políticas o monetarias, después de beber su medicina, ahora renace, purificado de las manos de los jueces. Lula puede volver a ser presidente.
El caso es que, desde Occidente, Estados Unidos y Europa Occidental, que en teoría aún conservan sus raíces intelectuales y defienden los valores éticos de la democracia, entendiéndolos como universales, ligados a la finalidad protectora de la dignidad de los derechos humanos y sus garantía, a través de la ley, después de haber impuesto sanciones – ¿medidas de represalia o represalias sin armas? – por crímenes de lesa humanidad y actos de delincuencia organizada transnacional a varios gobernantes y sus élites políticas cómplices, ahora están decidiendo flexibilizarlos. Los moderan por razones de conveniencia, en detrimento de los elementos esenciales de la democracia, relativizando el valor de la ley, y desconociendo la decencia del delito.
Después de todo, tirios y troyanos, todos unidos, utilizan ahora instrumentos aparentemente legales para posicionar intereses subordinados y partidistas, en grave detrimento de la seguridad que requiere la vida en sociedad. Son seguidores de mentiras. Nadie se deshace del efectivo. Ni la izquierda, ni la derecha, ni los X géneros a los que da lugar este pandemónium de golondrinas petroleras, bancarias, comerciales, digitales, hijas del covid-19.
Con suerte después de la guerra en Rusia. [que es también de China] contra Ucrania, en el nacimiento del orden mundial de posguerra, Occidente puede medir que ha destruido sus raíces. Si no los restaura, habrá perdido la guerra, o incluso la habrá ganado militarmente.
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