Los venezolanos hemos sido objeto durante la última década de una importante reducción de nuestra calidad de vida como resultado de un proceso paulatino de destrucción de la economía nacional. La situación ha alcanzado la categoría de tragedia humanitaria por los devastadores daños infligidos a millones de seres humanos. Cientos de miles de personas han muerto por la precariedad de los ingresos familiares, al punto de generar hambre y enfermedades, ante lo cual el colapsado estado de hospitales y medicinas agravan los daños.
Esta calidad de vida también se ha visto impactada negativamente por todo el patrón de deterioro de los servicios públicos en general, desde la educación hasta la seguridad personal, pasando por la falta de agua potable, combustible, electricidad, telefonía y comunicaciones.
La pandemia llegó para terminar de destrozar vidas, arruinar familias y llevar a la bancarrota a más negocios grandes y pequeños. El paro fue casi total. La ruina estuvo presente en los cuatro puntos cardinales del país. Millones de personas han salido de nuestro territorio para intentar sobrevivir en otros confines.
La administración de Maduro nunca se ha hecho responsable de este desastre humanitario. Todos los días inventa una excusa para justificarse: desde la oligarquía, el imperio, la guerra económica y el bloqueo hasta las iguanas y el sabotaje.
Lo cierto es que nunca en nuestra historia hemos sufrido una tragedia de estas dimensiones. Maduro, ante una situación tan dramática, se vio obligado a cambiar algunas políticas específicas. Por ejemplo, aceptar la dolarización de nuestra economía y no hacer cumplir las normas de control de precios. La realidad diaria fue más fuerte que toda la palabrería de los años anunciando que iban a «doblarle el cuello al dólar» y que iban a imponer «precios justos».
Todos los días, la vida humana necesita un conjunto de bienes y servicios para poder llevarla a cabo con la decencia suficiente. El acceso a estos bienes nos moviliza diariamente para poder producirlos, distribuirlos y adquirirlos. Abrumados por el confinamiento por la pandemia y la destrucción económica, el pueblo no tuvo más remedio que buscar reactivar su vida.
Este proceso de reactivación natural de la actividad socioeconómica se fundamenta en la naturaleza misma de la vida humana. Debes hacer todo lo posible para sobrevivir. Así, a partir del cierre casi total de 2020 y 2021 empezamos a percibir una movilidad modesta.
De inmediato, el aparato publicitario del gobierno de Maduro comienza a vender la idea de que, gracias a su gestión, hay un proceso de reactivación de la economía y por ende del país. Se lanza la campaña: “Venezuela se está reparando”. Y casi nos piden que les demos las gracias por tan encomiable tarea. Es como una persona, víctima de una golpiza en la que le rompieron las manos, y gracias al esfuerzo de su familia y su voluntad, muestra mejoría, saliendo a agradecer a su agresor porque no lo mató y está en el proceso de curación..
Maduro y su camarilla son los responsables de colaborar o ejecutar en su gestión el saqueo perpetrado a nuestras finanzas públicas y toda la destrucción del aparato económico, así como de la infraestructura del país. Después de completar este proceso destructivo, tuvo que aceptar los hechos y ceder en cuestiones ostensibles, para poder sobrevivir a su obsesión por quedarse en Miraflores.
Así, por ejemplo, a la luz de una ley antibloqueo inconstitucional, realizan un oscuro proceso de venta de los bienes de la República y privatización parcial o total de empresas públicas a agentes económicos desconocidos. A la dolarización forzada y la apertura a las importaciones masivas, realizadas por agentes vinculados al poder, se suman una serie de contratos y concesiones también otorgadas al margen de la ley, con lo que la actividad económica se ha convertido en una operación oscura donde no hay igualdad de oportunidades. oportunidades para los ciudadanos y actores económicos en su conjunto, ni reglas seguras para impulsar la actividad productiva y comercial.
A estos factores se suma el establecimiento de una cultura de extorsión por parte de funcionarios públicos y parafuncionarios que sistemáticamente pactan con los actores económicos para imponerles sus demandas económicas. Negarse a ellos es exponerse al decomiso, al cierre de sus negocios, a la retención de sus equipos de trabajo, oa la fabricación de un falso positivo al abrir un proceso penal con datos falsos, inexistentes o manipulados para hacer efectiva la extorsión.
No estamos asistiendo, por tanto, a una transformación seria, honesta y transparente del modelo económico comunista, donde el Estado, propietario de los medios de producción y director absoluto de la misma, promueva el tránsito a una economía de mercado con seguridad jurídica y personal; más bien, nos enfrentamos a un salto a una economía cuasi-mafiosa, donde unos pocos tienen acceso a licencias, contratos, exenciones, permisos y bienes del Estado para sacar adelante proyectos económicos, y el resto de los agentes deben someterse a la extorsión y humillación de los el estado autoritario, policial y corrupto que instauró el gobierno de Nicolás Maduro.
Lograr una verdadera economía de mercado significa establecer en Venezuela un estado de derecho que garantice la igualdad ante la ley, la transparencia y el pleno respeto a los derechos humanos, que incluye el respeto a la vida, la libertad, la propiedad y la iniciativa privada. . En el estado autoritario de inspiración comunista, nunca habrá una economía de mercado. Seguiremos teniendo una casta y una economía privilegiadas, firmemente atadas a la dirección madurista. En otras palabras, la economía de la mafia se fortalecerá.