Se trata de un instrumento normativo de 38 artículos en los que se propone una iniciativa gubernamental para incentivar la inversión extranjera y buscar un “nuevo equilibrio en el desarrollo nacional”. En el fondo, es un intento desesperado por atraer divisas y eludir las sanciones internacionales, dada su obstinada negativa a ceder a su forma despótica de ejercer la autoridad y evitar cualquier arreglo negociado de sus raíces políticas.
Las ZEE están ubicadas en regiones geográficas específicas (generalmente con acceso al mar) en las que se establece un régimen fiscal diferenciado respecto al resto del país, con el fin de promover determinadas actividades comerciales orientadas principalmente al comercio internacional de bienes y servicios. Desde mediados de la década de 1970, este tipo de mecanismo se ha establecido en varios países del mundo según diferentes modalidades, y actualmente existen más de 4.000 ZEE en 76 países. Casi la mitad han logrado prosperar y mantenerse a sí mismos con el tiempo.
Gran parte del éxito de estas áreas se debe a diferentes condiciones socioeconómicas, más allá de su baja presión fiscal. Las ZEE requieren un mínimo de infraestructura instalada de servicios públicos, así como un mínimo de seguridad jurídica para que cualquier inversión nacional o extranjera pueda beneficiarse y estar protegida contra cualquier posible arbitraje; un esquema de «ganar-ganar» que incluye al empresario, algo históricamente ajeno a la doctrina económica del chavismo, siempre desconfiado del libre mercado en todas sus formas.
A escala mundial, uno de los casos más recientes, aunque con un futuro incierto, es el de los puertos libres y ZEE propuestos por el gobierno saliente de Boris Johnson en compensación por la brexit en el Reino Unido. En tanto, en nuestra región se destacan la ZEE instalada en México bajo la administración de Enrique Peña Nieto y más recientemente el proyecto Ciudad Bitcoin en El Salvador, luego de la cuestionada decisión del gobierno de convertir este criptoactivo en moneda de curso legal. Respecto a esto último, luego de varios meses del anuncio festivo del presidente Nayib Bukele, el lugar sigue siendo El Zonte, un pequeño pueblo de pescadores en el sur del país, donde los inversionistas aún esperan convertir el lugar en la primera ZEE enfocada en criptomonedas.
Estos casos demuestran que más allá de las peroratas de los políticos, el desarrollo de estas zonas no depende de un decreto presidencial ni de la voluntad de un puñado de empresarios dependientes del Estado. La inversión privada es necesaria con certeza de ganancias.
En Venezuela todo naufragó durante el socialismo
En la historia económica venezolana contemporánea, existe un precedente en las conocidas zonas francas creadas a partir de 1991. En su momento, estas pudieron dinamizar parcialmente la economía y funcionaron en ocasiones como mecanismos para equilibrar la balanza comercial del país. Sin embargo, desde entonces su operación ha estado fuertemente influenciada por la gestión gubernamental, que eventualmente los degeneró en áreas principalmente orientadas hacia la llamada economía “portuaria”. Es decir espacios dedicados a las importaciones masivas favorecidas por la renta petrolera que aspiraba a reponer el tejido empresarial nacional en zonas económicas históricamente consideradas como “estratégicas” o “de interés nacional”.
Es importante considerar que el socialismo venezolano, a lo largo de sus más de dos décadas de hegemonía política, ha provocado el exterminio de la empresa privada, una catástrofe económica sin precedentes en la región. Según datos de Conindustria y Fedecamaras, la Revolución Bolivariana derivó en la expulsión de alrededor de medio millón de empresas privadas, además de la expropiación y nacionalización de más de 1.400 empresas en Venezuela.
Ante tal desastre, el régimen de Maduro ahora hace un llamado a estas zonas económicas especiales. Pero como recuerda a lo largo de sus artículos, el rol de tutela y tutela del Estado condiciona cualquier aspecto operativo y de capitalización que pueda desarrollarse en estas ZEE. Además, estas entidades se encuentran adscritas administrativamente a funcionarios con restricciones financieras internacionales en su contra y, en algunos casos, incluso con órdenes de aprehensión. Y es que según la firma venezolana Ecoanalítica y la ONG Transparencia Internacional, 21% de los ingresos del estado venezolano provienen de actividades ilegales, el mismo estado que es directamente responsable de la mayor caída del producto interno bruto en la región desde 2013.
Este sombrío historial es algo que cualquier empresario, nacional o extranjero, que busque participar en estas ZEE debe sopesar. De hecho, a pesar de quienes afirman que en Venezuela existe un capitalismo de Estado autoritario, en la práctica su economía es contraria a un régimen de mínima capitalización y apertura sustentable del mercado. ni siquiera por su boliburguesía de las naturalezas muertas.
Por lo tanto, es claro que la voluntariedad política y el discurso nacionalista no son suficientes para generar inversión privada. En el caso de una economía asfixiada por el hundimiento de su propio estado autoritario, lo que se necesita es más estado de derecho, más transparencia, más inversión autónoma, libertades de comercio, posibilidad de obtener ganancias, infraestructura básica de servicios públicos y, sobre todo, respeto a la propiedad privada. Solo así estas ZEE pueden ser consideradas una estrategia de desarrollo sólida y sostenible.
Xavier Rodríguez-Franco es politólogo y productor del podcast Latin American21. Máster en Estudios Latinoamericanos, por la Universidad de Salamanca. Redactor de Parlamundi Venezuela. Especializado en Parlamentos.
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