Rechazan nombramiento de Calixto Ortega como embajador en Europa

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El Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (cívico) dirigió un comunicado a las autoridades de la Unión Europea para rebatir el nombramiento del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Calixto Antonio Ortega Ríos Ortega, como Embajador y Representante de Venezuela ante Instituciones sin Fines de Lucro con sede permanente en continente.

La Asamblea Nacional, en el Diario Oficial del 28 de julio del presente año, número 42.428, publicó la autorización para el Poder Ejecutivo.

Calixto Ortega y su nuevo cargo

William Cárdenas Rubio, en representación del estamento querellante, justificó la formal protesta del 19 de septiembre, refiriéndose a la condición de magistrado del máximo tribunal de justicia. Además, con la motivación de la decisión (PESC) 2017/2074 del Consejo Europeo de 13 de noviembre de 2017.

Estas medidas restrictivas de ingreso al territorio continental explican la situación de Venezuela, incluyendo el Anexo 1, No. 43. “Responsables de actos, declaraciones y decisiones que han usurpado las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional”.

“Ataque a los derechos electorales de la oposición, en particular la designación unilateral del Consejo Nacional Electoral (CNE)”, dice Cárdenas Rubio en referencia a la decisión adoptada en 2017 por el Consejo de la Unión Europea.

Señaló que Nicolás Maduro Moros pretende utilizar la extraterritorialidad que gozan las entidades extranjeras a través de convenios para su centro administrativo operativo. Esto con las autoridades locales para resaltar uno de sus pilares en suelo holandés donde se ubica al sur en la ciudad de La Haya.

En este juzgado se abre una investigación penal contra el régimen de Maduro, funcionarios y exfuncionarios administrativos del gobierno. Esto por presuntos delitos de lesa humanidad, los cuales están muy cerca de ser declarados formalmente para el establecimiento de la inocencia o responsabilidad por los delitos que se les denuncian.

Corte Penal Internacional

“Al respecto, con la sede de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Países Bajos, miembro de la UE, solicitamos su intervención a la brevedad. El objetivo es impedir la entrada del citado Ortega Ríos a territorio europeo.

“Evitar así la vergüenza de ver, por un lado, a un cómplice de estos crímenes actuando ante dicho Tribunal. Por otra parte, para evitar que se eludan las sanciones impuestas por el Consejo de Europa”, afirma Cárdenas en su texto.

Estas recriminaciones también fueron dirigidas contra Úrsula Von Der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea; Silvia Fernández de Gurmendi Presidenta de la Asamblea de los Estados Partes. Además de Josep Borrel Fontelles, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Vicepresidente de la Comisión Europea.

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