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¿Qué pasó cuando Estados Unidos designó a Pablo Escobar y las FARC como «terroristas»?

(CNN Español) — En 1992 el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de US$ 2 millones por información que permitiera la captura de Pablo Escobar el entonces jefe del Cartel de Medellín, uno de los más temidos y sanguinarios jefes del narcotráfico que en ese momento sembraba el terror en Colombia. Esta sería la primera de varias designaciones terroristas de individuos y grupos criminales en este país por parte del Departamento de Estado y el Departamento de Justicia.

En el caso de Pablo Escobar, sus acciones violentas contra el Estado y la población civil, en su intento por frenar la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos, motivaron esta decisión de Washington. Los cientos de víctimas de Escobar en esta guerra, incluidos jueces, periodistas, policías y ciudadanos indefensos, han llevado a las autoridades a considerarlo uno de los narcotraficantes más buscados del mundo.

Una foto tomada el 6 de septiembre de 1989 en la televisión colombiana muestra un anuncio de búsqueda de los líderes del Cartel de Medellín, Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez. Crédito: CARLOS LEMA/AFP vía Getty Images

Con su inclusión en la lista de terroristas, Escobar comenzó a perder su poder económico, sus propiedades fueron confiscadas, a su familia se le negó la visa para ingresar a los Estados Unidos y, finalmente, la persecución del capo terminó con su muerte el 2 de diciembre de 1993. Con esto culminó uno de los capítulos más violentos de la historia de Colombia.

En el año 2000, bajo el gobierno del presidente Andrés Pastrana, se instauró el llamado “Plan Colombia” para la guerra contra las drogas. Fue una iniciativa de la administración Bill Clinton para incrementar la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados en el país y así reducir el envío de estupefacientes a Estados Unidos.

El presidente estadounidense Bill Clinton (derecha) y el presidente colombiano Andrés Pastrana después de una conferencia de prensa conjunta en el Rose Garden de la Casa Blanca en Washington el 28 de octubre. Los dos presidentes se comprometieron a redoblar esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. Crédito: STEPHEN JAFFE/AFP vía Getty Images

Un año después, en 2001, se amplió la lista de grupos considerados terroristas. Estados Unidos incluyó a las Autodefensas Campesinas de Colombia (AUC) entre las organizaciones que sembraron el terror en Colombia. Luego de un proceso de paz, las AUC se desmovilizaron entre 2005 y 2006 bajo el gobierno de Álvaro Uribe. En 2008, la mayoría de sus principales jefes, incluido Salvatore Mancuso, fueron extraditados a Estados Unidos. Posteriormente, el Departamento de Estado también los excluyó de la lista.

Salvatore Mancuso, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), habla con la prensa en el campamento Campo Dos en Tibú, departamento de Norte de Santander, el 9 de diciembre de 2004. Credit: LUIS ACOSTA/AFP vía Getty Pictures

En 1997, el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue declarado grupo terrorista por el Departamento de Estado. Según las autoridades estadounidenses, además de secuestros, extorsiones, asesinatos y ataques a la infraestructura, esta organización, que se declaraba de izquierda, estaba involucrada en el narcotráfico.

En 2021, y tras el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y esta guerrilla firmado en 2016, Washington dejó de considerarlo terrorista. Las FARC se convierten en el partido político de las Comunas.

En su momento, la inclusión de las FARC en esta lista también permitió la vigilancia e incautación de gran parte de sus bienes ilícitos y la focalización y persecución de testaferros y colaboradores de este grupo armado. Varios de sus jefes, como alias Simón Trinidad, fueron capturados y extraditados a Estados Unidos.

Soldados colombianos protegen a Ricardo Palmera, conocido como Simón Trinidad, un alto líder rebelde y ex negociador de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el 3 de enero de 2003, a su llegada a Bogotá. Trinidad fue sentenciado el 28 de enero de 2008 en los Estados Unidos a 60 años de prisión por su papel en los secuestros de tres ciudadanos estadounidenses. Crédito: GERARDO GOMEZ/AFP vía Getty Images

Los llamados disidentes de las FARC continúan en lista de terroristas; facciones de esta guerrilla que no firmaron el acuerdo y que no estuvieron de acuerdo con el acuerdo y continuaron delinquiendo.

La guerrilla del ELN, que actualmente está inmersa en un proceso de paz con el gobierno colombiano, está en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea desde 2004.

En la mayoría de los casos, la inclusión de personas u organizaciones armadas colombianas en la lista de terroristas ha sido vinculada a presuntos vínculos con el narcotráfico y las actividades violentas que este genera. Y esto se ha traducido en apoyo técnico, militar, judicial y económico de Estados Unidos en la lucha contra estas estructuras criminales.

Un nuevo enfoque en la lucha contra el narcotráfico

El presidente Gustavo Petro, sin embargo, sostiene que es hora de repensar la guerra contra las drogas que ha imperado en Colombia en las últimas décadas.

“La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Ha aumentado el uso letal, las drogas blandas han pasado a drogas más duras, ha habido genocidio en mi continente y en mi país, han condenado a millones de personas a la cárcel. , para ocultar su propia culpa social, culparon a la Selva y sus plantas, llenaron discursos y política sin razón”, dijo el Presidente durante la sesión plenaria de la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre de 2022.

Actualmente, el Congreso de la República prepara una ley para llevar ante la justicia a narcotraficantes y bandas criminales, lo que permitiría un tratamiento penal más benigno, incluyendo la reducción de penas para quienes se entregan voluntariamente a las autoridades. De esta forma, tendrían la posibilidad de retener un porcentaje de sus activos ilícitos a cambio de una efectiva cooperación y reparación para las víctimas. El pacto de no repetición y esclarecimiento de la verdad sobre los delitos cometidos podría significar también la no extradición para quienes se someten a la justicia.

Todo esto, junto con los diálogos de paz con la disidencia del ELN y las FARC, y las declaraciones de cese al fuego bilateral con los grupos armados ilegales, es parte de la llamada política de «paz total» del actual gobierno. Una polémica iniciativa que ha sido cuestionada por partidos políticos de la oposición política y sectores de opinión contrarios al Ejecutivo.

“La paz total no se puede convertir en impunidad total”, ha dicho el expresidente Iván Duque en diversos foros y declaraciones públicas, en referencia a la iniciativa del gobierno.

Camelia Granados Olivas

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