_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Xiomara Castro")
La administración de Xiomara Castro enfrenta un momento de creciente tensión en la relación entre gobierno y ciudadanía. Mientras la mandataria ha recibido reconocimiento en espacios internacionales, dentro del país se intensifica el malestar popular ante la percepción de que la agenda priorizada por el Ejecutivo responde a un proyecto político e ideológico más que a la resolución de los problemas sociales y económicos que afectan a la mayoría de los hondureños.
Encuestas recientes reflejan una tendencia al alza en la desaprobación presidencial, en particular entre sectores jóvenes y trabajadores. Estos grupos expresan que las políticas impulsadas bajo el marco del “Socialismo del Siglo XXI” no se traducen en mejoras concretas en empleo, salud o educación. En este contexto, Honduras atraviesa una encrucijada que compromete su gobernabilidad y estabilidad institucional.
Conflictos entre programa político y reclamos del público
Diversas voces ciudadanas y líderes sociales han señalado que el gobierno de Castro y el partido LIBRE han mantenido un discurso centrado en un proyecto ideológico. Según estas perspectivas, esa orientación ha quedado desligada de las necesidades inmediatas de la población, que demanda respuestas frente a la pobreza, la inseguridad y el impacto de la crisis económica.
El malestar se amplifica ante la percepción de que las medidas fiscales adoptadas en los últimos meses, junto con determinadas alianzas internacionales, han generado presión adicional sobre la economía. Estas dinámicas han alimentado la sensación de abandono en amplios sectores sociales, que consideran que sus prioridades no se reflejan en las decisiones gubernamentales.
Ruptura entre autoridades y población
La separación entre el Poder Ejecutivo y la opinión de la ciudadanía se manifiesta en la crítica constante de que las políticas actuales no han producido resultados concretos. La carencia de generación de empleo formal y la continua deficiencia en servicios esenciales como la salud y la educación son los principales aspectos destacados por quienes critican la dirección del gobierno.
El recelo ha aumentado notablemente entre los trabajadores y los jóvenes de las ciudades, quienes perciben la agenda política como un enfrentamiento de ideas sin un camino definido hacia el progreso económico. Esta situación podría permitir que la oposición se afiance en un contexto favorable de cara a las futuras elecciones.
Retos en la gestión gubernamental
El contexto presente enfrenta al país con un desafío tanto político como social. Por un lado, continúa el respaldo del gobierno hacia un plan conocido como el “Socialismo del Siglo XXI”; por otro, crece la presión de los ciudadanos que exigen respuestas urgentes a problemas fundamentales.
Esta división no solo afecta la administración interna, sino que también impacta en la estabilidad de la institución. Una separación prolongada entre los objetivos del Ejecutivo y las exigencias del público podría aumentar la polarización y complicar el establecimiento de acuerdos necesarios para mantener la gobernabilidad.
Un panorama en evolución
Honduras se encuentra en un punto crítico donde la relación entre sociedad y Estado se redefine en medio de tensiones acumuladas. La desaprobación creciente hacia la administración de Castro refleja la necesidad de repensar los mecanismos de participación, diálogo y políticas públicas que respondan a la realidad social y económica del país.
El desenlace de esta dinámica dependerá de la capacidad del gobierno y de los actores políticos de interpretar el descontento y generar respuestas que fortalezcan la confianza ciudadana. En un contexto de fragilidad institucional, el desafío central radica en equilibrar proyectos políticos con soluciones concretas que atiendan las urgencias de la población hondureña.