La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela acusó este lunes al Sebin y a la Dgcim de cometer crímenes de lesa humanidad para reprimir la disidencia política, mediante un modus operandi de abuso dictado «desde el más alto nivel».
La presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas, presentó este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela cometidas tanto por el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano como por la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
“Ambas agencias han cometido violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, incluyendo tortura y otros malos tratos, violencia sexual y de género, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración”, subrayó ante el Consejo integrado por 47 miembros. de las Naciones Unidas. miembros
El informe, que ya fue publicado y presentado en rueda de prensa la semana pasada, documenta al menos 77 casos de torturas y malos tratos a detenidos en Boleita y otros penales militares -algunos clandestinos- de la Dgcim, así como 51 en Helicoide y otros. . Centros de detención del Sebin.
“Tanto el Sebin como la Dgcim ejercieron violencia sexual y de género contra los detenidos, a través de descargas eléctricas y golpes en sus genitales, violación o amenazas de violación, con el objetivo de intimidarlos y humillarlos”, señaló Valiñas.
El jefe de misión negó que los crímenes hayan sido cometidos por individuos aislados y ajenos a las jerarquías, ya que los organismos de inteligencia “forman parte de un aparato diseñado y desplegado para la ejecución de un plan de gobierno cuyo fin es reprimir a quienes son percibidos como sus adversarios”. .
Este plan fue orquestado «desde el más alto nivel político», subrayó Valiñas.
La experta no mencionó ningún nombre durante su comparecencia ante el Consejo, aunque el informe indica Nicolás Maduro como responsable último de los abusos, y también cita al primer vicepresidente del oficialista PSUV, Diosdado Cabello, por su importante influencia, al menos en el Sebin.
El documento también nombra al actual director general del Sebin, Gustavo Enrique González, al director del Helicoide (principal centro de detención) entre 2014 y 2018, Carlos Alberto Calderón, y a su número dos durante este período, Ronny González.
En el caso de la Dgcim, se hace mención al director general Iván Rafael Hernández y ex jefes de distintos niveles de la organización: Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko.
“Tenemos motivos razonables para creer que estas personas son responsables de estos actos y deben ser investigadas”, dijo Valiñas.
Según la misión de la ONU, que se complementa con el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tapattá, las violaciones de derechos humanos por parte de los dos organismos continúan hasta el día de hoy, en «un clima de total impunidad».
Valiñas denunció que el mismo día de la publicación del informe, el 20 de septiembre, funcionarios del Sebin se presentaron en la sede de Provea, una organización de derechos humanos en Venezuela, mientras familiares de sindicalistas detenidos realizaban una rueda de prensa exigiendo justicia.
Además de este informe, la misión presentó este lunes otro sobre violaciones de derechos humanos en el sur de Venezuela, particularmente en el estado Bolívar, tras la creación en 2016 del Arco Minero del Orinoco en respuesta a la crisis de la industria petrolera nacional.
Esto ha ido acompañado de una militarización de la región, con fuerzas armadas y líderes gubernamentales involucrados en la extracción de oro.
“Los grupos armados criminales, incluidos los llamados sindicatos, operan abiertamente controlando áreas mineras e incluso pueblos”, dijo Valiñas.
Actores estatales y no estatales, a menudo enfrentados entre sí, han cometido delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos homicidios, desapariciones forzadas, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género. Segundo informe.