Libertad de expresión en peligro por cambios al Código Penal hondureño

La reciente validación de cambios al Código Penal en Honduras ha provocado preocupación en diversos ámbitos sociales y políticos del país. Estas alteraciones han sido vistas como un ajuste significativo dentro del marco legal que gobierna la protesta social, especialmente en un contexto donde se acercan las elecciones generales fijadas para el 30 de noviembre de 2025. El debate se ha intensificado debido a la percepción de que estas modificaciones podrían emplearse para restringir el derecho a la manifestación y la libertad de expresión, derechos esenciales en cualquier democracia.

El Parlamento Nacional implementó ajustes que incrementan las sanciones para crímenes asociados a la manifestación social, resaltando la inclusión del artículo 378-A. Esta norma estipula que cualquier acto de protesta llevado a cabo por dos o más individuos puede resultar en un aumento de la pena de cárcel, que ahora es de seis a diez años, además de la inhabilitación total. Organismos de derechos humanos y miembros de la sociedad civil han expresado su inquietud por el posible empleo de estas modificaciones para penalizar demostraciones pacíficas y limitar las libertades de reunión y expresión.

Cambios en el código penal y su efecto en las manifestaciones sociales

Las modificaciones al Código Penal han provocado críticas de instituciones tanto nacionales como internacionales. El incremento de las penas para individuos que participen en manifestaciones grupales se ha visto como un posible medio para desalentar la movilización de la población. Entidades de derechos humanos argumentan que estas políticas podrían usarse para restringir la participación cívica y el ejercicio de derechos esenciales. La inquietud se intensifica ante la posibilidad de que estas regulaciones se apliquen en situaciones de tensión política o durante procesos electorales, cuando generalmente aumenta la protesta ciudadana.

Las elecciones de 2017, que estuvieron marcadas por arrestos injustificados y represión de participantes, aumentan el miedo de que eventos parecidos puedan ocurrir otra vez con el nuevo marco legal. En este escenario, tanto la sociedad civil como actores políticos han señalado el peligro de que se utilice la criminalización de la protesta como un medio para controlar la disidencia y limitar la participación ciudadana en procesos políticos importantes.

Reacciones globales y pedidos de reevaluación

La inquietud generada por el efecto de estas modificaciones ha cruzado fronteras nacionales. Entidades internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) han mostrado preocupación por las recientes normativas del Código Penal de Honduras. Ambas organizaciones han pedido al Estado que revise estas reformas para garantizar que los derechos esenciales de la ciudadanía no sean afectados.

En esta situación, es crucial asegurar el respeto a los derechos humanos y evitar que la ley penal se emplee como herramienta para sofocar la disidencia y las protestas pacíficas. La discusión sobre el alcance y la implementación de estas reformas sigue en curso, mientras varios sectores enfatizan la necesidad de examinar el marco legal para garantizar la protección efectiva de las libertades básicas en Honduras.