Ley de Justicia Tributaria podría alejar inversiones de Honduras

El Proyecto de Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha generado un amplio debate en el país, debido a los posibles efectos que podría tener sobre la economía y el sector productivo nacional. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno del Partido LIBRE, se presenta como una herramienta para combatir la evasión fiscal y fortalecer la recaudación estatal. Sin embargo, su contenido y alcance han sido interpretados de manera diversa por los distintos actores económicos y sociales.

La iniciativa considera suprimir los sistemas de exención de impuestos, incrementar la presión tributaria y otorgar más libertad al Estado en la gestión de estímulos económicos. Estas acciones han sido percibidas por ciertos segmentos empresariales como un indicio poco alentador para la inversión y la manufactura, generando dudas y inquietud en el contexto económico de Honduras.

Impacto en la inversión privada y el trabajo

Varias asociaciones empresariales, cámaras de comercio e inversionistas tanto locales como internacionales han expresado que la propuesta legislativa podría tener consecuencias negativas en la inversión privada en Honduras. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) señala que si la ley se aprueba tal como está, se podría ver una disminución importante en la inversión extranjera directa. Además, compañías de zonas francas y del sector agroindustrial estarían considerando la opción de abandonar el país o reducir sus actividades, lo que afectaría directamente al empleo formal y a la economía del país.

Desde que se presentó el proyecto de ley, se han registrado cierres de empresas pequeñas y medianas, especialmente en los campos textil, logístico y exportador, que funcionaban con beneficios fiscales. En áreas como Choloma, Villanueva y San Pedro Sula, las maquilas han comenzado a despedir personal, mencionando la incertidumbre fiscal como una de las causas principales. Esta situación amenaza miles de puestos de trabajo y podría empeorar si la propuesta no se ajusta o se detiene. El COHEP también indica que el crecimiento económico podría sufrir una desaceleración significativa en el año siguiente a la implementación de la ley, y que el incremento en el desempleo y la informalidad serían consecuencias inevitables de su aplicación.

Análisis político, entorno regional y discusión sobre la equidad fiscal

La discusión acerca de la Ley de Justicia Tributaria se lleva a cabo en un marco regional y político específico. La supresión de exenciones fiscales podría distanciar a Honduras de las estrategias que han posibilitado a naciones como Costa Rica, El Salvador y República Dominicana conservar sistemas de atracción de capital y estabilidad financiera, considerados elementos esenciales para su competitividad. Esta realidad podría impactar la posición de Honduras en Centroamérica y el Caribe, desmotivando tanto a inversionistas nuevos como a los ya existentes, quienes podrían decidir mover su capital a países con condiciones más favorables para el crecimiento empresarial.

La situación política e ideológica ha afectado la manera en que se percibe el proyecto, dado que ciertos grupos empresariales consideran que el mensaje oficial del gobierno se muestra antagonista hacia el sector privado y se asocia con enfoques económicos que han traído cambios fundamentales en otras naciones de la región. Esto aumenta el miedo a una potencial modificación del modelo económico del país sin un esquema técnico o una proyección clara de sostenibilidad.

En contraste, los partidarios de la Ley de Equidad Fiscal sostienen que las exenciones tributarias han favorecido la acumulación de riqueza y disminuido la capacidad del estado para costear iniciativas públicas enfocadas en la inclusión social y la erradicación de la pobreza. De acuerdo con cifras oficiales, el 92 % de estas exenciones beneficia al 10 % de las compañías más adineradas, mientras que el 90 % de las empresas restantes solo obtiene el 8 % de estos privilegios. Entre junio de 2009 y diciembre de 2022, el estado perdió 455 mil millones de lempiras debido a estos esquemas.

El proyecto no establece nuevos gravámenes ni aumenta las tarifas actuales, sino que busca eliminar vacíos legales y mejorar la recaudación de impuestos directos de grandes corporaciones y riquezas, con el fin de disminuir la desigualdad en la recaudación fiscal. No obstante, la eliminación de sistemas fiscales tradicionales, como el Régimen de Importación Temporal (RIT), que ha estado en vigor por 40 años, podría forzar el cierre de muchas empresas que funcionan bajo este marco. El COHEP ha indicado que la propuesta de asegurar la convertibilidad inmediata al RIT podría ser percibida como una acción que impacta la liquidez y viabilidad de las empresas.

Honduras se enfrenta a un enorme reto financiero

La discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria permanece abierta y polarizada. Mientras algunos consideran que puede sentar las bases para un sistema fiscal más justo y equitativo, otros advierten que su aprobación podría agravar la crisis económica, aumentar el desempleo y provocar la salida de capitales. La decisión final en el Congreso Nacional será determinante para el rumbo económico de Honduras en los próximos años.