Decenas de personas han sido sometidas a torturas y malos tratos en los centros de detención de los servicios de inteligencia venezolanos, describe un informe publicado por la ONU y que señala a Nicolás Maduro y a los directores de estos organismos como los principales responsables de estos crímenes de lesa humanidad.
El informe, elaborado por la Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas para Venezuela y que será presentado al Consejo de Derechos Humanos el próximo 26 de septiembre, describe el horror de estos centros, en particular El Helicoide, sede principal del Sebin, y la prisión de la Dgcim. Ubicado en Boleita.
El Sebin y la Dgcim “son parte de un mecanismo destinado a llevar a cabo el plan del gobierno para reprimir la disidencia y fortalecer el poder”, dijo la presidenta de la misión, Marta Valiñas, durante la presentación del informe.
Este cita a 11 personas como los principales responsables de los abusos cometidos en estos centros, y en el caso del Sebin, nombra al actual director general, Gustavo Enrique González, al director de El Helicoide (principal centro de detención) entre 2014 y 2018, Carlos Alberto Calderón y su número dos en ese momento, Ronny González.
En el caso de la Dgcim, se hace mención al director general Iván Rafael Hernández y ex jefes de distintos niveles de la organización: Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko.
Otros cuatro responsables de los abusos, a menudo cometidos por ellos personalmente, son mantenidos en el anonimato por el informe, que en palabras de Valiñas se hace para «evitar que sean utilizados como chivos expiatorios mientras los funcionarios del más alto nivel eluden su responsabilidad».
Los abusos descritos en el informe, basado en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, familiares y exfuncionarios, incluyen golpes con objetos como bates o tablas, asfixia con bolsas de plástico o humo de granadas, descargas eléctricas a detenidos o violaciones, algunas con palos de madera. . La campaña.
También se denuncia el uso de la “Señorita”, un dispositivo de tortura introduciendo a la víctima en tanques de agua, maltrato psicológico conocido como “tortura blanca”, amenazas de violar y matar a familiares de los detenidos, o nuevamente la colocación de alfileres debajo de las uñas.
Si bien el período con más detenciones en estos centros fue entre 2016 y 2019, “las violaciones en los dos organismos continúan hoy, en un clima de total impunidad”, al punto que muchos de sus perpetradores han sido promovidos en los últimos años, agregó. El miembro de la misión de la ONU Francisco Cox.
El informe menciona al menos 93 detenidos por el Sebin y 122 por la Dgcim, de los cuales al menos 51 y 77, respectivamente, fueron torturados, y los testimonios permiten concluir que al menos 70 personas continúan detenidas en El Helicoide y entre 15 y 20 en los sótanos de Boleita, ambos ubicados en la capital caraqueña.
También revela que agentes cubanos instruyeron y participaron en las actividades de contrainteligencia de la Dgcim, o que miembros de ambas agencias extorsionaron a los detenidos solo por dinero o robaron directamente de sus casas.
Maduro «participó en la selección de objetivos» para estas agencias, que incluyeron militares, políticos de la oposición, periodistas, activistas de derechos humanos y participantes en las protestas contra el gobierno, según el documento.
Muchas detenciones se llevaron a cabo con numerosas irregularidades, como la ausencia de órdenes de aprehensión o el archivo de pruebas falsas en los domicilios de los objetivos, seguidas del uso de la tortura para presionar a los detenidos.
Las víctimas estuvieron detenidas días, incluso semanas, a menudo en celdas sin luz natural ni baño, teniendo que hacer sus necesidades en bolsas o botellas, aunque en el caso del Sebin a cambio de dinero podían acceder a zonas con más «privilegios», revela El informe.
En el caso del Sebin, los exempleados que hablaron confidencialmente con los investigadores de la ONU dijeron que, a veces, Maduro ordenaba directamente la tortura.
Destacamos también que el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dio órdenes al director general del Sebin.
La misión tripartita de la ONU, que incluye a Valiñas (Portugal), Cox (Chile) y Patricia Tapattá de Argentina, espera que su informe ayude a documentar tales abusos, ya sea en Venezuela -algo complicado por la falta de independencia judicial que ellos mismos denuncian- o en el nivel internacional.
En el caso, Cox recordó que la Corte Penal Internacional abrió el año pasado investigaciones a Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad, a pesar de que el gobierno de Maduro interpuso recursos para detener el caso.
La misión de investigación de la ONU finaliza este mes su mandato de dos años, y el Consejo de Derechos Humanos debe decidir en su sesión actual si la renueva (para eso necesita la mayoría de sus 47 miembros, incluida la propia Venezuela).
“Esperamos que las autoridades venezolanas puedan seguir siendo investigadas, porque nuestro principal objetivo es acabar con las torturas y las graves violaciones a los derechos humanos que sufre la oposición”, dijo Tappatá.