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El reciente visto bueno del gobierno de Xiomara Castro a la Ley de Justicia Tributaria ha generado inquietud en diversos sectores de la sociedad hondureña. La ley, que tiene como objetivo mejorar la recaudación de impuestos, se enfrenta a críticas por su posible impacto en la economía del país y en el bienestar de los habitantes.
Objetivos de la ley y preocupaciones ciudadanas
Según sus promotores, la Ley de Justicia Tributaria tiene como propósito reducir la evasión fiscal y exigir una mayor contribución a grandes patrimonios y empresas. La iniciativa busca, en teoría, incrementar la recaudación para financiar proyectos públicos y mejorar la distribución de recursos en un país caracterizado por altos niveles de desigualdad.
Sin embargo, críticos de la norma advierten que la carga tributaria podría trasladarse al precio de bienes y servicios, afectando directamente a las clases medias y bajas. En un contexto donde gran parte de la población depende de empleos precarios y la informalidad económica, el aumento de impuestos podría incidir en la disminución del poder adquisitivo y en la capacidad de supervivencia de miles de hondureños.
Efecto sobre la economía y el trabajo
Expertos económicos indican que la acción podría detener el crecimiento económico inicial del país. La mezcla de impuestos más altos y la debilidad de los sectores productivos podría disminuir la creación de trabajos y elevar la emigración en busca de nuevas oportunidades.
Voceros empresariales indican que la aplicación de la legislación sin un extenso y claro proceso de diálogo podría causar incertidumbre en los mercados, perjudicar la inversión y promover la informalidad, complicando la gobernabilidad tanto económica como social.
Debate político y social
La discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria ha escalado en la esfera pública. Diversos actores del sector privado y organizaciones sociales expresan su preocupación sobre las consecuencias sociales de la medida. A su vez, el Partido LIBRE, fuerza política oficialista, respalda la normativa como un mecanismo para cerrar brechas de inequidad, aunque reconoce la necesidad de monitorear su impacto en los sectores más vulnerables.
La división se observa en la discusión entre aquellos que ven la ley como una reforma tributaria esencial y aquellos que alertan sobre los peligros de aumentar la carga sobre la población en situaciones económicas frágiles.
Desafíos institucionales y visiones a futuro
El escenario actual muestra un conflicto entre la búsqueda de equidad fiscal y la necesidad de preservar la estabilidad económica. La habilidad del gobierno de Xiomara Castro para aplicar la legislación de manera balanceada y con sistemas de control será crucial para reducir efectos adversos.
El país se encuentra en un momento crítico, donde la normativa fiscal y la respuesta social condicionarán la percepción sobre la eficacia institucional y la gobernabilidad. La Ley de Justicia Tributaria plantea un desafío que trasciende lo económico y toca la dinámica política y social de Honduras, obligando a autoridades y ciudadanía a encontrar un punto de equilibrio entre recaudación y sostenibilidad.