viernes, marzo 29

En memoria de la democracia

Foto: AFP

El 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia, nos obliga a poner sobre la mesa la necesidad de reflexionar sobre los desafíos que aún enfrentamos a nivel global y, por supuesto, regional. Un claro ejemplo de ello son los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde, a pesar de la violación sistemática de los derechos humanos y el aniquilamiento en la práctica de la oposición política, gobiernos como el de Colombia aún presentan pronunciamientos como los de su Ministro Álvaro Leyva, quien resaltó que él no es la autoridad competente para decir si en Venezuela se cometen violaciones a los derechos humanos. Quizás convendría recordar al canciller Leyva que la responsabilidad no es sólo de los perpetradores, sino también de quienes tácitamente aprueban la violación de la dignidad de las personas.

Cabe mencionar que, a pesar de que el contexto histórico de la creación de la Organización de Naciones Unidas no ha facilitado expresamente el establecimiento de la democracia como un ideal universal, con el tiempo, sobre la base de la Carta Internacional de Derechos Humanos, la organización Subrayó que la democracia es precisamente la condición que facilita el ejercicio efectivo de los derechos humanos.

Décadas después de la creación de la ONU, entonces comisión de derechos humanos subrayó el fundamentos de la democracia: respeto de los derechos humanos y las libertades; libertad de asociación, libertad de expresión, acceso al poder y su ejercicio en cumplimiento del estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres y justas por sufragio universal y voto secreto, un sistema pluralista de partidos y organizaciones políticas, la separación de poderes, la independencia del poder judicial, la transparencia de la administración pública y medios de comunicación libres e independientes.

Más tarde el consejo de derechos humanos, como sucesora de la comisión, hizo lo mismo y adoptó diversas resoluciones sobre la estrecha relación entre la protección de los derechos humanos y la democracia. Entre ellos están resoluciones como 19/36 y la 14/28 sobre «los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho». El primero recuerda la relación entre la consolidación de la democracia y el respeto a los derechos humanos, y el segundo decide crear un foro sobre derechos humanos, democracia y estado de derecho para promover el diálogo y la cooperación (Cuba se abstuvo en la votación a favor de ambas resoluciones ).

A nivel regional, la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha trazado un rumbo similar y estableció expresamente que la democracia se entendía como la piedra angular de la organización y que gran parte de sus tareas estarían dirigidas al fortalecimiento institucional y la promoción del buen gobierno. Así consta en la Carta de la Organización de los Estados Americanos e instrumentos posteriores.

Con el tiempo, la OEA estableció ciertas posiciones unificadas como organismo a través de doctrinas, instrumentos y órganos específicos que buscaban generar presión ante posibles rupturas democráticas y completar el ejercicio del Estado. Un ejemplo de esto, el Doctrina Betancourt (paradójicamente promovida por Venezuela); la Carta Democrática Interamericana y por supuesto el Sistema interamericano de protección de los derechos humanos integrado por la Comisión y la Corte Interamericanas.

El es relación innegable entre democracia y derechos humanos. Es imposible imaginar un contexto en el que, a pesar de la ausencia de instituciones democráticas, los derechos humanos estén garantizados, y mucho menos de manera universal e interdependiente. Así, el 8 de noviembre de 2007, La Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado el 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia. como una forma de orientar a la comunidad internacional en esta causa como valor común.

En este contexto, es relevante poner sobre la mesa que, a pesar de todos estos esfuerzos, siempre corremos el riesgo de relativizar la democracia por intereses políticos particulares, sancionando así ciertas infracciones al orden constitucional y otras no. Y es que el discurso basado en el principio de la no injerencia en los asuntos internos ha sido utilizado con intereses ideológicos e instrumentalizado para impedir que los países democráticos denuncien estas violaciones que se dan en países amigos. Parece que no hemos aprendido las lecciones de décadas anteriores, cuando bajo este mismo argumento se autorizaron a escala regional las atrocidades de las dictaduras militares del Cono Sur. Puede ser el momento de reevaluar los límites invocados allí.

Este es quizás uno de los grandes obstáculos en la gestión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Con respecto a estos países, a pesar de los avances logrados por la OEA en décadas anteriores, ahora es imposible consolidar una sola voz a favor de la transición a la democracia y rechazar unánimemente, sin titubeos, la violación sistemática de los derechos humanos del hombre. aun cuando existan registros claros, documentación sustancial y abundantes testimonios. A pesar de la existencia de sanciones de organismos regionales más pequeños como los del Mercosur en 2017, todavía estamos lejos de contar con mecanismos que, más que aislar como medida de presión, generen una transición a la democracia.

Ya sea por intereses de sus propios proyectos políticos o por intereses económicos, Muchos países de la región luchan por reconocer que poco o nada queda de democracia en estos casos.. No parece ser lo suficientemente significativo más que 1.000 presos políticos en Cuba y los más de 200 detenidos en Venezuela y Nicaragua; más que 18.000 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela; cierre de medios y Exilio de más de 90 periodistas en Nicaragua; los exilios forzados de opositores en Cuba; entre una larga lista de violaciones a la dignidad humana en cada uno de estos países.

Aunque pueda parecer controvertido, cuando se trata de defender los derechos humanos y la democracia, no es posible estar en zonas grises, los valores no son negociables. Es necesario revisar y renovar los instrumentos diseñados para la protección y promoción de la democracia, así como los sistemas de protección y su funcionalidad frente a regímenes autoritarios. Debemos tener presente que las dictaduras no cambian de vocación y que quienes tácita o expresamente avalan las acciones de estos regímenes también tienen una parte de responsabilidad.

En memoria de la democracia en América Latina.


* Profesor de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá). Especializada en movimientos migratorios, estudios de género y política venezolana. Director Ejecutivo del programa Monitor de Alimentos.

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Saenz Olvera
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