(CNN Español) –– Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina, fue condenada a 6 años de prisión por el asunto «Caminos». Sin embargo, no irá a la cárcel.
Fernández de Kirchner fue declarado culpable de defraudación y menoscabo de la gestión pública durante un período que abarcó sus dos presidencias (2007-2011 y 2011-2015), mediante la extracción de fondos del Estado para beneficio propio o de un tercero. . El tribunal la condenó a 6 años de prisión.
Sin embargo, debido a su papel como vicepresidenta, Fernández de Kirchner goza de inmunidad, que la protege tanto legal como civilmente en un caso penal, y no irá a la cárcel.
La fiscalía acusó al vicepresidente de dirigir una asociación ilegal para ejecutar, junto con otros funcionarios, contratos millonarios de obras viales que, según la denuncia, estaban incompletos, sobrevaluados e incluso innecesarios.
Cristina Fernández de Kirchner negó las acusaciones durante el juicio y denunció que se trata de una persecución política. Como se indicó anteriormente, esta acusación de corrupción -la única contra la vicepresidenta que ha llegado a audiencia oral- es infundada y se relaciona con la persecución en su contra y el proyecto político que representa.
El caso de la «carretera»
El fiscal Diego Luciani, a cargo del caso «Vialidad», solicitó en agosto 12 años de prisión para Fernández y la inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas. Sin embargo, la condena no impide que Fernández de Kirchner sea candidato en las próximas elecciones.
La acusación se refiere específicamente a 51 licitaciones en la provincia de Santa Cruz, de donde era oriundo su difunto esposo, el expresidente Néstor Kirchner, y donde ambos desarrollaron gran parte de su carrera profesional y política antes de saltar al escenario nacional. .
En esta acusación hay otra figura fundamental, la de Lázaro Báez, expareja del matrimonio Kirchner y a quien la fiscalía señala como principal beneficiario de este presunto fraude. Es decir, que se habría visto favorecido dirigiendo la obra, y que luego, de distintas formas, habría beneficiado económicamente a sus supuestos socios.
El fiscal Luciani -quien establece el inicio del presunto fraude en el gobierno de Néstor Kirchner- asegura que, para desfalcar fondos, «fisgaron a Lázaro Báez, amigo del entonces presidente de la Nación y socio comercial de él y su esposa».
Báez ya está condenado a 12 años de prisión, pronunciada en 2021, por los delitos de blanqueo de capitales entre 2003 y 2015, y cuya defensa ha sido recurrida ante la Cámara de Casación. Respecto a esta condena, su abogado dijo que es producto de una supuesta “persecución política y mediática”. En diálogo con CNN, la defensa de Báez negó los cargos, alegando que las pruebas utilizadas para confirmar la asociación ilícita pertenecen a otro archivo y que al hacer los alegatos demostrará que la fiscalía miente en sus argumentos.